Justicia ordena a Intendencia de Maldonado revelar situación económica

Fallo de primera instancia avaló la denuncia presentada por un edil del Frente Amplio para que comuna informe ingresos, egresos y déficit. 

La Intendencia de Maldonado fue obligada por disposición judicial a revelar el estado de situación financiera y contable. Así se decidió este lunes luego que la jueza de primera instancia de ese departamento, Claudia Valetti, accediera a la demanda presentada por el edil frenteamplista Fermín de los Santos.

De acuerdo a la sentencia, confirmada a ECOS por el edil denunciante, en un plazo de diez hábiles la comuna deberá entregar al demandante los últimos datos disponibles en relación a saldo de ingresos y egresos, nivel de endeudamiento y déficit.

Eventualmente, la Intendencia puede apelar la resolución, para lo cual tiene setenta y dos horas.

La denuncia fue efectuada a principios de este mes y contó con el respaldo de la Mesa Política frenteamplista departamental, luego que la Intendencia, comandada por el precandidato nacionalista Enrique Antía, se negara dos veces a aportar la información requerida.

Los ediles frenteamplista habían presentado la solicitud bajo el amparo de la ley de Acceso a la Información Pública.

El pedido se refería a los datos contables de la gestión al cierre del ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2018, incluyendo la totalidad de ingresos y egresos del año, el endeudamiento con el sistema bancario y la magnitud actual del déficit acumulado.

En ese sentido, De los Santos estimó que las deudas departamentales están en un “nivel histórico”. Las cifras de la coalición de izquierdas sostienen que están en los 90 millones de dólares, con vencimiento a junio de 2020.

Para el Frente Amplio, la actitud de la Intendencia constituye una “clara violación de las disposiciones previstas en la normativa, intentando impedir que se conozca la realidad económica y financiera” de la administración.

“La población del departamento y todos los partidos políticos merecen una información clara, objetiva, oportuna y detallada sobre la situación económica de la Intendencia”, afirmó la Mesa Política.

Por lo tanto, se considera que la negativa de la gestión liderada por Antía “lesiona las bases del funcionamiento democrático e institucional, además de recurrir a una notoria ilegalidad”.

En ese sentido el Frente Amplio resolvió respaldar todas las acciones judiciales y políticas por parte de sus ediles para que la administración nacionalista cumpla con lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En paralelo la dictamen judicial, se espera por los resultados de una auditoría solicitada por la Junta Departamental al Tribunal de Cuentas sobre los resultados del último ejercicio.

Al respecto, según De los Santos, la corporación informó que el trabajo comenzará en marzo, con una fecha estimada de finalización en octubre de este año.

Por su parte el presidente del Frente Amplio de Maldonado, Pablo Pérez, consideró que la situación “deja en claro la falta de transparencia de Antía, en una conducta permanente de ocultamiento de información para que nadie tenga acceso a elementos fundamentales”, como la realidad económica de la comuna.

El exdiputado enmarcó esta actitud en la campaña política que el intendente Antía desarrolla como precandidato presidencial del Partido Nacional.

El rumbo financiero de la Intendencia ambientó una puja de larga data en Maldonado. El Frente Amplio había hablado de “descontrol” cuando el año pasado pudo conocer los números correspondientes al ejercicio 2017, con un déficit acumulado de 2.167 millones de pesos, 717 millones más que el registrado en 2015.

Los datos fueron relevados a partir de un informe del Tribunal de Cuentas y el Frente Amplio había avizorado para 2018 un nuevo aumento de un “déficit histórico”.

La coalición adjudicó el fenómeno al incremento de gastos en “Servicios Personales” debido a los nombramientos directos en cargos de confianza, pago de tareas distintas al cargo y subrogaciones.

Otra de las causas giran en torno al “crecimiento desmedido de los gastos de funcionamiento, lo cual evidencia una notoria ineficiencia y desproporción con el aumento de la calidad de los servicios, que se mantiene por debajo del crecimiento del gasto”.

El Frente Amplio aclaró que no votaría en la junta aumentos del endeudamiento ni la creación de ningún fideicomiso financiero .

El año pasado a Intendencia planteó y obtuvo el incremento del tope de endeudamiento autorizado, que se elevó a 90 millones de dólares.